Es importante mencionar que las mujeres indígenas son las principales víctimas de mortalidad materna, entre cuyas causas se encuentran los abortos inseguros. Su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se asocia a barreras diferenciales derivadas de factores geográficos, económicos, sociales y culturales, por lo que la penalización o no prestación del servicio de IVE se suma a una serie de discriminaciones que afectan su derecho a la salud y a la igualdad, entre otros.
La Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022), que despenalizó el aborto hasta la semana
24 de gestación, es un hito para los derechos sexuales y reproductivos en Colombia; así como una victoria legal y política que puso al país a la vanguardia con el marco más garantista de la región.
Esta sentencia ha sido una victoria para las organizaciones de mujeres en su diversidad
que, bajo la bandera del Movimiento Causa Justa, trabajan local y nacionalmente
por la implementación del fallo, su protección y defensa jurídica, así como por la despenalización social del derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El desarrollo normativo existente sobre el derecho a la salud de las mujeres, incluyendo la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud, y la llegada al poder de un gobierno progresista y a favor de las causas feministas sugieren un contexto político propicio para el avance de los derechos sexuales y reproductivos, así como para el acceso a un aborto libre y seguro. Sin embargo, para que todas las mujeres tengan acceso a este servicio de salud, con todos los estándares de calidad establecidos, aún persisten numerosas barreras, especialmente para grupos que históricamente han visto más limitados el disfrute de sus derechos, como las mujeres indígenas. La desigualdad de acceso representa uno de los principales retos de la implementación efectiva de la sentencia.
Es importante mencionar que las mujeres indígenas son las principales víctimas de mortalidad materna, entre cuyas causas se encuentran los abortos inseguros. Su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se asocia a barreras diferenciales derivadas de factores geográficos, económicos, sociales y culturales, por lo que la penalización o no prestación del servicio de IVE se suma a una serie de discriminaciones que afectan su derecho a la salud y a la igualdad, entre otros.
En este sentido, las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023, que trataron los casos de una niña y una mujer indígenas a quienes les fue negada la IVE por su entidad prestadora de servicios de salud indígena (EPS-I) fueron problemáticas, en tanto concluyeron que la petición de IVE podía ser rechazada por las autoridades étnicas, con base en la autonomía jurídica de la que gozan estos pueblos.
EJEMPLO DE INTERTÍTULO
Es importante mencionar que las mujeres indígenas son las principales víctimas de mortalidad materna, entre cuyas causas se encuentran los abortos inseguros. Su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se asocia a barreras diferenciales derivadas de factores geográficos, económicos, sociales y culturales, por lo que la penalización o no prestación del servicio de IVE se suma a una serie de discriminaciones que afectan su derecho a la salud y a la igualdad, entre otros.
En este sentido, las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023, que trataron los casos de una niña y una mujer indígenas a quienes les fue negada la IVE por su entidad prestadora de servicios de salud indígena (EPS-I) fueron problemáticas, en tanto concluyeron que la petición de IVE podía ser rechazada por las autoridades étnicas, con base en la autonomía jurídica de la que gozan estos pueblos.
Es importante mencionar que las mujeres indígenas son las principales víctimas de mortalidad materna, entre cuyas causas se encuentran los abortos inseguros. Su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se asocia a barreras diferenciales derivadas de factores geográficos, económicos, sociales y culturales, por lo que la penalización o no prestación del servicio de IVE se suma a una serie de discriminaciones que afectan su derecho a la salud y a la igualdad, entre otros.
En este sentido, las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023, que trataron los casos de una niña y una mujer indígenas a quienes les fue negada la IVE por su entidad prestadora de servicios de salud indígena (EPS-I) fueron problemáticas, en tanto concluyeron que la petición de IVE podía ser rechazada por las autoridades étnicas, con base en la autonomía jurídica de la que gozan estos pueblos.