TEXTO Y FOTO: GRUPO MULTIDISCIPLINARIO POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Autonomía negada en un país patriarcal
En Guatemala, hablar sobre métodos antifecundativos es hablar de restricciones en las decisiones sobre la vida de las mujeres y de sus cuerpos. Aunque legalmente todas las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su salud reproductiva, en la práctica, este derecho se enfrenta a obstáculos, entre ellos destacan las expresiones del machismo estructural, como la falta de autonomía que muchas mujeres tienen frente a sus parejas o familiares para decidir sobre el uso de métodos anticonceptivos, los prejuicios del personal de salud que juzga o desincentiva su uso, la imposición de roles tradicionales que niegan a las mujeres el control sobre su reproducción, hasta la falta de atención del sistema de salud.
Según datos del Mirador de Derechos Sexuales y Reproductivos del Grupo Multidisciplinario, entre 2019 y 2024, la cantidad de métodos antifecundativos entregados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a mujeres mayores de 15 años ha disminuido. En 2019 se distribuyeron 1.577.362 métodos; en 2020, la cifra bajó a 1.504.594; en 2021 descendió a 1.273.151; en 2022 fue de 1.191.162; en 2023 se redujo aún más, a 926.080; y en 2024 apenas se entregaron 1.017.713. Esto representa una disminución de más del 30 % en cinco años.
En cinco años, la entrega de métodos antifecundativos bajó más del 30 % debido a barreras sociales como el control patriarcal y la violencia de género, que limitan a las mujeres el acceso libre y seguro a estos métodos.
Esta realidad tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres, especialmente para aquellas que viven en zonas rurales, son jóvenes, indígenas o carecen de ingresos propios. Las desigualdades en el acceso se empeoran cuando el sistema de salud no garantiza una disponibilidad constante, ni ofrece atención adecuada o información clara y científica. Muchas mujeres que acuden a los servicios de salud se enfrentan a una oferta limitada y llena del estigma que aún rodea los derechos reproductivos. Como resultado, algunas se ven obligadas a recurrir a métodos no seguros o a embarazos no forzados, lo que puede derivar en deserción escolar, complicaciones de salud o mayor dependencia económica y emocional de sus parejas o familias.
Según el Mirador, entre enero y abril de 2025, los datos reportan los siguientes métodos a los que se brindó acceso: el inyectable sigue siendo el más utilizado (297.734), seguido por la píldora (26.951), los métodos naturales (21.969), el implante subdérmico (11.445), los métodos de barrera (10.982), los procedimientos quirúrgicos (2.173) y el DIU (1.560). El método inyectable es el más utilizado, no solo por su efectividad, sino porque no deja evidencia visible; muchas mujeres lo eligen como una forma de protegerse en contextos donde sus parejas ejercen control. En estas relaciones, el uso de métodos antifecundativos puede provocar agresiones, ya que los hombres ejercen violencia psicológica y física para limitar su autonomía. Esta situación refleja cómo la violencia que viven las mujeres restringe el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Estos datos muestran cómo la decisión sobre cuántos hijos tener, o incluso si tenerlos, no es una elección libre para muchas mujeres. En la mayoría de los casos, es el hombre quien toma esa decisión.
La disminución en la entrega de métodos anticonceptivos se considera un fenómeno de carácter multicausal. En primer lugar, se reconoce que Guatemala ha estado marcada por un abandono histórico de los servicios de salud, lo cual repercute directamente en la disponibilidad y el acceso a los métodos de planificación familiar. Asimismo, el sistema patriarcal imperante en el país influye en que la salud reproductiva de las mujeres no sea priorizada por el Estado. En este contexto, es necesario que los procesos de política pública incluyan una evaluación periódica de la planificación anual, con el fin de garantizar la distribución, entrega y consejería adecuada de estos métodos. A esto se suman los mitos y la falta de información accesible, oportuna y libre de prejuicios. Por su parte, los escasos o, muchas veces inexistentes, espacios para hablar de educación integral en sexualidad a menudo se enfrentan a la oposición de sectores conservadores.
En muchos casos, las mujeres no pueden decidir libremente si usar antifecundativos por miedo a represalias o control.
No se puede hablar de métodos anticonceptivos sin abordar el poder. ¿Quién decide sobre el cuerpo de una mujer? Por esa razón, también es importante mencionar las distintas formas de violencia que impiden a una mujer decidir cuándo y cómo quiere ser madre. La imposición de la maternidad, el control sobre su cuerpo, la desinformación y la negligencia por parte de las instituciones son violencias que necesitan ser visibilizadas y denunciadas.
Por eso, no es suficiente con brindar acceso a métodos antifecundativos, es importante garantizar también que sean accesibles para todas, sin discriminación, estigmas ni condiciones. Esto requiere una inversión en educación sexual integral, formación del personal de salud con enfoque de género y políticas públicas que reconozcan la autonomía de las mujeres.
El acceso libre y seguro a estos métodos es primordial para el ejercicio del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. Sin embargo, el machismo y el sistema patriarcal siguen siendo las principales formas de opresión que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana, dado que en el país muchas mujeres son juzgadas por sus familias, la comunidad y el personal de salud al solicitar métodos antifecundativos, lo que refuerza estereotipos machistas que les niegan el derecho a decidir sobre su sexualidad.