Para mujeres, niñas y personas gestantes, decidir sobre el propio cuerpo depende más del territorio que de la ley.
En Colombia, la geografía dicta el destino de los cuerpos. Mientras las Altas Cortes emiten sentencias históricas sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos (DSR), un río caudaloso, una trocha militarizada o el campanario de un pueblo pueden suspenderlos por completo. Al contrastar la autonomía de las decisiones sobre nuestros cuerpos en tres territorios: la tensa frontera de Arauca, el Pacífico “aislado” del Chocó y el arraigado conservadurismo de Boyacá, en la Fundación Oriéntame empezamos a escuchar qué gritaban los territorios, y las comunidades nos enseñaron que la autonomía no se decreta, se habita.
En Arauca, un territorio fracturado por el conflicto armado y el vacío estatal, hablar del propio cuerpo es un acto de supervivencia. Allí la barrera institucional era el miedo. En los talleres, el silencio se rompió exponiendo los estigmas que las mujeres cargaban a solas: “Nos decían que si pedíamos anticonceptivos éramos unas ‘niñas inquietas’”, como lo mencionó una lideresa en Arauquita; también estaba el terror paralizante de que decidir significara la condena divina. Cuando abrimos los espacios de diálogo, el objetivo fue recuperar el ejercicio del derecho a decidir sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. El impacto no quedó en un informe, vibró en la voz de las personas, como lo dijo una joven del resguardo Makaguan El Vigía: “Aprendimos que decir NO también es un derecho”. Ese “no” trazó una frontera soberana. Que el hospital de Tame abriera las puertas a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) demostró que la institución solo se mueve cuando las comunidades pierden el miedo a exigir.
Para transformar imaginarios
hay que cuestionar el mandato
moral y promover corresponsabilidad
sociocultural y territorial.
Si Arauca defiende el cuerpo en el conflicto, Chocó lo defiende desde el olvido estatal. En municipios de población afro e indígena como Bahía Solano o Nuquí, donde el Estado viaja en lancha, la teoría de la educación integral en sexualidad (EIS) colisionó con una herida abierta: la explotación sexual comercial infantil ligada al turismo. ¿Cómo enseñar autonomía donde el mercado le pone precio a la niñez? La respuesta brotó de las lideresas Emberá Dobidá y de las ollas comunitarias. La comunidad tradujo las enseñanzas en un columpio con alas de madera en El Valle, tallado con la frase: “Enséñame a volar sin mis alas maltratar”. El proceso se transformó en un refugio emocional. Desafiando el recelo masculino, una lideresa indígena lo resumió con una lucidez arrasadora: “No quiero que sean madres tan pequeñas porque no saben cómo cuidar y hay otros planes”. Ellas captaron que la EIS no es un papel, es el escudo de las infancias, adolescencias y juventudes para su proyecto de vida.
Al ascender a las montañas de Boyacá, la amenaza cambia de textura: ya no es la pólvora ni la marea, es la densa neblina del mandato moral. En municipios de raíz campesina y honda tradición religiosa como Chiquinquirá, la barrera es la objeción de conciencia difusa que se traduce en un laberinto de amables demoras burocráticas, donde nadie niega frontalmente el derecho a un aborto seguro, pero dejan pasar el tiempo hasta que la mujer desiste o se moviliza a otro territorio. Para desafiar un conservadurismo amurallado en la culpa, no bastaba un plegable, fue necesario tomarse el espacio público. Entonces, las paredes hablaron. Pintamos murales en el corazón de los pueblos; trazos de colores vivos con mujeres dueñas de su destino y manos campesinas previniendo las violencias de género. El mural actuó como un espejo incómodo; cuando el campesinado camina en su territorio frente a un muro que consagra la libertad de decidir, el monolito moral se agrieta. Ese remezón cultural invitó a que las administraciones municipales firmaran un pacto público por los DSR.
¿Qué une a la lideresa Makaguan, a la joven del Pacífico y a la campesina boyacense? La certeza de que los proyectos caducan, pero la red queda. Al indagar qué transformó realmente este proceso, ellas hablan de un punto de no retorno en sus biografías: “Muchas veces crecimos pensando que hablar de estos temas era incorrecto. Hoy entendemos que acompañar también es cuidar”, señaló una lideresa boyacense de Sogamoso. Ahí radica el gran hallazgo comparativo: frente a una ley nacional homogénea, que se diluye en los territorios, las mujeres opusieron una empatía hecha a la medida. Ellas se convirtieron en la ruta de salvaguarda que el hospital negaba, son la resistencia viva de los territorios que imploran la garantía de sus derechos.
Con los saberes de estos años como brújula, hoy extendemos el paso hacia La Guajira. Tenemos la certeza de que la autonomía de nuestros cuerpos no es un obsequio despachado por correo desde Bogotá, es una conquista colectiva que se sostiene alzando un pincel en Boyacá, tejiendo el cambio en Arauca y abriendo alas y caminos en Chocó. Como nos dijeron en cada territorio, somos nosotras quienes mantendremos vivo el diálogo y la exigibilidad de los derechos, hay mucho por trabajar para que la garantía de nuestros derechos y autonomía sea una realidad.